Nuestros principios

CAMPAÑA PERUANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

CARTA DE PRINCIPIOS

Las organizaciones, instituciones y redes miembros de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, CPDE, ejercerán su membresía en concordancia con los principios que a continuación se declaran:

Primer principio: El reconocimiento de la educación como derecho humano fundamental cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado.

La educación es un derecho fundamental de la persona y de los pueblos. Para el ejercicio pleno de este derecho, el Estado debe emitir las políticas públicas necesarias, teniendo en cuenta la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad como dimensiones inherentes al derecho, lo cual demanda una inversión suficiente, oportuna y eficiente, sobre la cual el Estado está obligado a rendir cuentas.

La asequibilidad o disponibilidad del servicio educativo y el acceso al mismo no son suficientes para el ejercicio pleno del derecho. La educación debe responder a las necesidades de aprendizaje de todo ser humano, lo que implica pertinencia, flexibilidad, adaptabilidad, características que lograrán la aceptabilidad del servicio.

El derecho a la educación se traduce en el servicio público gratuito y obligatorio, con prioridad en las políticas de Estado, implementadas con planes a largo plazo que se sostengan y trasciendan períodos gubernamentales.

El Estado debe garantizar equidad en el servicio educativo y brindar a toda persona la igualdad de oportunidades de aprendizaje en diferentes formas de atención, considerando las modalidades escolarizadas, formales y no formales.

La adopción del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida es clave para atender con equidad, en particular a la población adolescente, joven y adulta de los sectores sociales más desfavorecidos. El Estado propicia la alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil para ampliar y garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

Segundo principio: La afirmación de una educación pública inclusiva y antidiscriminatoria.

La inclusión es consustancial al derecho a la educación, por lo que ninguna persona puede dejar de ejercerlo por pertenecer a grupos sociales vulnerables, tradicionalmente excluidos y discriminados. La educación inclusiva demanda la plena conciencia de las diferentes fuentes de discriminación como la raza, cultura, etnia, lengua, edad, discapacidad, sexo, opción sexual, religión, ideología, situación económica, ubicación geográfica, migración, privación de la libertad u otra que pudiera surgir en nuestra sociedad.

Las políticas sociales integrales e intersectoriales deben coadyuvar a evitar la deserción y recuperar a quienes se vieron obligados a abandonar sus procesos de aprendizaje, en cualquier nivel o modalidad educativa, por discrimen. Asimismo, las acciones pedagógicas afirmativas deben promocionarse como medidas que coadyuven al logro de una educación antidiscriminatoria.

Tercer principio: La defensa de una concepción integral de educación de calidad

La educación de calidad impregna los procesos de aprendizaje de valores como la paz, justicia, libertad, solidaridad, honestidad, respeto, tolerancia, verdad, responsabilidad, trabajo, indispensables para el fortalecimiento moral de las personas y la construcción de una sociedad que ejerce plenamente su responsabilidad ciudadana.

La educación de calidad demanda la plena conciencia de la diversidad a fin de responder a ella con pertinencia y flexibilidad. El reconocimiento de la diversidad y el respeto a los diferentes sustenta la cultura de paz y la búsqueda de soluciones pacíficas a la resolución de conflictos. Es también el punto de partida para la innovación pedagógica que atienda a tal diversidad en el marco de la dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación.

La interculturalidad es elemento clave en el reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística; nos conduce al conocimiento y respeto de las formas de ser, vivir y aprender en los diversos pueblos que conforman el país y el mundo, para el enriquecimiento de los procesos educativos y, por ende, de las personas y sociedades.

Es también inherente a la calidad de la educación el cultivo de una conciencia ambiental que conlleva el respeto, cuidado y conservación de la naturaleza, comportamientos que ayudarán a garantizar el desarrollo sostenible de la vida en el planeta.

La educación exige calidad integral en la formación inicial y continua y la valoración social de la profesión docente. La formación debe orientarse bajo un enfoque de derechos, género e interculturalidad para fortalecer su desempeño en la conducción de procesos pedagógicos en todo nivel y modalidad educativa.

La educación de calidad demanda la garantía de condiciones materiales y de educabilidad – entre ellas, salud y nutrición] que no dependen únicamente del Sector Educación, por lo que un enfoque intersectorial se torna indispensable para el logro de calidad educativa. No hay sector público que no comparta la responsabilidad que implica el desarrollo socioeconómico y humano del país, en cuya base está el ejercicio pleno del derecho a la educación en todas sus dimensiones.

Cuarto principio: La participación democrática de la sociedad civil en el logro del ejercicio pleno del derecho a la educación.

Creemos que es posible y necesaria la construcción de una relación democrática y autónoma entre el gobierno y la sociedad, que implica la capacidad de mutua escucha y valoración de la opinión que provenga de los órganos estatales y la sociedad civil, comprendiendo en ésta, junto a organizaciones e instituciones, a los maestros, niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

La relevancia de la educación para el desarrollo de la persona y la sociedad, en coherencia con el marco legal del país, demanda la participación de la sociedad en el debate, toma de decisiones, seguimiento del cumplimiento de leyes y políticas de la educación pública y la transparencia en la rendición de cuentas de inversión y logros en educación. Para ello, el Estado debe garantizar la creación y mantenimiento de espacios institucionalizados de debate y concertación en los que confluyen los miembros de la comunidad educativa junto a los órganos de gobierno.

La vigilancia ciudadana es una forma de afianzar la responsabilidad compartida de Estado y sociedad; es un camino hacia una ciudadanía bien informada, crítica y constructiva, capaz de aportar significativamente a la consolidación de una cultura política democrática y participativa.

Aprobada en Asamblea de socios celebrada en Lima, el 22 de octubre del 2010.