Foto de la marcha de estudiantes en Colombia, con un cartel amarillo en el cual se lee Como integrantes de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, redes de la sociedad civil hermanas que defienden el derecho humano a la educación pública, gratuita, laica, transformadora y a lo largo de la vida, reconocemos que la firma del acuerdo para la educación superior pública entre el gobierno nacional de Colombia y representantes del movimiento estudiantil y magisterial del país, que tuvo lugar el último 14 de diciembre, es un resultado importante de la lucha de la comunidad educativa por una educación superior pública, gratuita y de calidad para todas y todos.

Destacamos que la promesa del gobierno colombiano de destinar 5,8 billones de pesos colombianos a la educación superior pública, en los próximos cuatro años, frente al anterior anuncio de que se invertirían apenas 2 billones para este fin en el mismo período, representa igualmente un logro del movimiento estudiantil y magisterial organizado en el país. Por otro lado, nos sumamos a los reclamos de las y los estudiantes y docentes por el compromiso del Estado de que cada nuevo peso asignado a la educación según dicho acuerdo, se destinará exclusivamente a la educación superior pública y para garantizar el derecho humano a la educación de toda la población, asegurando el acceso y permanencia de las personas con menos ingresos, en detrimento de la financiación de iniciativas que favorezcan la privatización educativa, la cual refuerza la segregación y profundiza desigualdades.

Asimismo, nos sumamos al rechazo de la Mesa Amplia Nacional de Profesores de Universidades Públicas de Colombia y otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil, frente a la brutalidad policial con la que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) viene atacando a las y los estudiantes universitarias/os que se movilizan y protestan por un financiamiento público justo y adecuado a las universidades públicas, violencia esta que recientemente le arrebató el ojo izquierdo a Esteban Mosquera, estudiante de Música de la Universidad del Cauca.

Expresamos nuestra solidaridad a Esteban Mosquera y a todas y todos las/os estudiantes que han sido víctimas de la violencia del Estado, golpeadas/os y castigadas/os por defender sus derechos, y exhortamos a las fuerzas policiales y al Estado para que cesen la represión y agresión contra la protesta social.

Apoyamos las manifestaciones pacíficas que las y los estudiantes y docentes vienen impulsando en el país, y reafirmamos que es deber del Estado proteger, respetar y garantizar la libertad de asociación, expresión y manifestación de todas las personas, sin reprimirlas, amenazarlas o criminalizarlas por ejercer este derecho.

A la vez, seguiremos apoyando a la comunidad educativa en su lucha justa y ejemplar para que el acuerdo firmado con el gobierno nacional se cumpla y se socialice con las diferentes universidades públicas del país a partir del inicio del próximo año. Respaldamos igualmente el posicionamiento de las y los docentes y estudiantes movilizadas/os de que harán el monitoreo del cumplimiento a este acuerdo en las calles y dando continuidad a sus acciones de protesta pacífica y concientización de la población a favor del derecho humano a la educación de todas las personas, en condiciones de igualdad y gratuidad.Nos sumamos también a su llamado por la acción del gobierno, del poder judicial y de las autoridades universitarias para que estos hechos de violencia, criminalización y represión cesen y se retomen medidas hacia la resolución pacífica de los conflictos. Consideramos que esto apenas se realizará a partir del diálogo y del respeto a los derechos humanos y a la dignidad e integridad de todas las partes interesadas, así como desde la garantía del derecho a la participación social y libertad de expresión y asociación de todas las personas.

Nos solidarizamos igualmente con la lucha de las y los estudiantes que toman en este momento los edificios de la UNAH para condenar la infiltración de la Policía Nacional e inteligencia militar en el campus, y exigir la desmilitarización de la universidad. Entendemos que una educación emancipadora y para el pensamiento crítico, la ciudadanía y la democracia no puede darse en ambientes de represión, control e intimidación. Asimismo, recordamos que la educación desde la perspectiva de derechos y para la realización y el respeto de los derechos humanos apenas puede darse en espacios seguros y pacíficos, donde se respete la libertad e integridad de las comunidades educativas.

Fuente:  https://redclade.org/ 

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